Violencia familiar y refugios |

Antes de COVID-19

En dos meses de confinamiento por COVID-19, incrementaron en más de 80% las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de violencias de género.

Durante varios meses de 2021 se registraron menos llamadas que en marzo de 2020, pero el total de llamadas ya no regresó a los números prepandemia; su aumento ha sido sostenido. En 2022 hemos apreciado un nuevo pico en este tipo de llamadas, llegando a números que superan —por mucho— a los de años previos.

En el primer mes fueron asesinadas más de 300 mujeres, niñas y adolescentes que cohabitaban con su agresor. De igual forma, previo a la emergencia sanitaria, México ya enfrentaba una pandemia: la violencia contra las mujeres, que ocasiona en promedio 10 feminicidios diariamente (ONU): un total de más de 3 mil mujeres asesinadas al año.

En México, 80.31% de las mujeres que fueron víctimas de violación durante su infancia fueron abusadas por familiares. La jornada de distanciamiento social y el mensaje dirigido a las adolescentes y mujeres sobre quedarse en casa las dejó expuestas a vivir mayor violencia sexual. Es indispensable que las víctimas de violencia sexual sepan que tienen derecho a la anticoncepción de emergencia y al aborto en caso de quedar embarazadas a causa de este evento.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), 66.1% de las mujeres han sufrido al menos una manifestación de violencia a lo largo de su vida: 49% violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34% violencia fisica, 29% violencia economica o patrimonial. Además, 33.4% de las mujeres que reportaron haber tenido un embarazo sufrieron violencia obstétrica por parte de quienes las atendieron; 3.1% de estas mujeres reportaron anticoncepción o esterilización forzada.

Organizaciones y activistas nos articulamos para detener estas violencias mediante movilizaciones feministas, de activistas, organizaciones y ciudadanía que visibilizaron los feminicidios y otras violencias perpetradas por razones de género.

Asimismo, exigimos a las instancias gubernamentales que garanticen la prevención, atención, protección, seguridad, justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familiares, mientras que la indiferencia del Estado y la incapacidad de garantizar una vida libre de violencias a todas las mujeres permea constantemente.

Antes de COVID-19

En dos meses de confinamiento por COVID-19, incrementaron en más de 80% las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de violencias de género.

Durante varios meses de 2021 se registraron menos llamadas que en marzo de 2020, pero el total de llamadas ya no regresó a los números prepandemia; su aumento ha sido sostenido. En 2022 hemos apreciado un nuevo pico en este tipo de llamadas, llegando a números que superan —por mucho— a los de años previos.

En el primer mes fueron asesinadas más de 300 mujeres, niñas y adolescentes que cohabitaban con su agresor. De igual forma, previo a la emergencia sanitaria, México ya enfrentaba una pandemia: la violencia contra las mujeres, que ocasiona en promedio 10 feminicidios diariamente (ONU): un total de más de 3 mil mujeres asesinadas al año.

En México, 80.31% de las mujeres que fueron víctimas de violación durante su infancia fueron abusadas por familiares. La jornada de distanciamiento social y el mensaje dirigido a las adolescentes y mujeres sobre quedarse en casa las dejó expuestas a vivir mayor violencia sexual. Es indispensable que las víctimas de violencia sexual sepan que tienen derecho a la anticoncepción de emergencia y al aborto en caso de quedar embarazadas a causa de este evento.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), 66.1% de las mujeres han sufrido al menos una manifestación de violencia a lo largo de su vida: 49% violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34% violencia fisica, 29% violencia economica o patrimonial. Además, 33.4% de las mujeres que reportaron haber tenido un embarazo sufrieron violencia obstétrica por parte de quienes las atendieron; 3.1% de estas mujeres reportaron anticoncepción o esterilización forzada.

Organizaciones y activistas nos articulamos para detener estas violencias mediante movilizaciones feministas, de activistas, organizaciones y ciudadanía que visibilizaron los feminicidios y otras violencias perpetradas por razones de género.

Asimismo, exigimos a las instancias gubernamentales que garanticen la prevención, atención, protección, seguridad, justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familiares, mientras que la indiferencia del Estado y la incapacidad de garantizar una vida libre de violencias a todas las mujeres permea constantemente.

El impacto de la pandemia por COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha aumentado las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y ha mostrado que el confinamiento incrementa la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Miles de mujeres viven el confinamiento con miedo, las solicitudes de ingresos a refugios integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) incrementaron a nivel nacional 12.71%, algunos refugios registran un aumento de más de 50%, debido a la contingencia sanitaria.

En México las violencias que se ejercen dentro de casa contra las mujeres han sido invisibilizadas por parte del Estado, viéndolas desde una perspectiva totalmente carente del enfoque de género y derechos humanos. Al contrario, se han abordado desde la “fraternidad”, haciendo declaraciones que preocupan y que perpetúan no solo la impunidad sino la naturalización de las violencias hacia las mujeres, niñas y niños, ignorando datos oficiales que señalan que 40% de los feminicidios se cometen en los hogares de las víctimas (INEGI), siendo éstos unos de los espacios más inseguros para estos grupos.

A más de dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, en México la pandemia de las violencias machistas continúa siendo invisibilizada y sin atención integral e intersectorial por parte de las autoridades. Durante estos dos años la Red Nacional de Refugios A.C.(RNR) ha respondido a esta doble pandemia, brindando acompañamiento, atención integral y protección especializada a 40,827 mujeres, niñas y niños en 2020; 45,490 en 2021 y 19,708 entre enero y mayo de 2022 a través de los Centros de Atención Externa y Refugios integrantes de la RNR.

Lamentablemente las infancias tampoco están seguras pues las violencias machistas también se perpetran en su contra, vulnerando sus derechos humanos y afectando su desarrollo. La RNR registró que 5 de cada 10 hijas e hijos de mujeres que solicitaron apoyo también habían sido víctimas de violencias, principalmente emocional y sexual.

Durante el primer mes de confinamiento, en marzo de 2020, se registró un aumento de estas llamadas, llegando a 26,171, el máximo histórico desde que se tiene registro. Previamente, la cifra más alta registrada era de 21,727 llamadas.

Varios meses de 2021 registraron menos llamadas que en marzo de 2020, pero el total de llamadas ya no regresó a los números prepandemia; su aumento ha sido sostenido. En 2022 se aprecia un nuevo pico en este tipo de llamadas, llegando a números que superan —por mucho— a los de años previos.

Las violencias contra las mujeres no se detienen. Las solicitudes de apoyo que recibe la RNR han incrementado hasta 80%, registrando diferentes fenómenos, como son el que han disminuido las realizadas directamente por las mujeres y han aumentado hasta 31% las realizadas por alguna red de apoyo (familiar, vecina, amistad, etc.) de la mujer en situación de violencia, puesto que el cohabitar con su agresor imposibilita que ellas mismas pidan auxilio. Por otro lado, del 100% de las mujeres víctimas de violencias familiares que solicitaron apoyo, 64.97% sufrió agresiones por parte de su pareja o esposo y 46% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo también fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante el periodo de confinamiento.

Lo anterior refleja que las violencias machistas no están en cuarentena, al contrario, se han recrudecido en el contexto de confinamiento provocado por la contingencia sanitaria. Y que entre más tiempo se extienda el periodo de confinamiento menos posibilidades tendrán las mujeres de llamar, mandar mensaje y, por lo tanto, de realizar denuncias, lo que también afecta a niñas y niños.

Todo lo anterior, aunado a la indiferencia gubernamental, se convierte en un caldo de cultivo para las violencias machistas. Información generada por la RNR revela que 19% de las mujeres que solicitaron apoyo ya habían tenido un acercamiento con instancias de gobierno, pero habían sido ignoradas.

Las instituciones públicas deben atender la crisis de violencia contra las mujeres, exacerbada por el aislamiento social durante la pandemia por COVID-19. Deben implementar medidas no condicionadas a la acción penal, como el correcto financiamiento de programas existentes —refugios y guarderías— y la provisión de servicios de proximidad (en centros de trabajo y escuelas).