Jornaleras agrícolas

Las personas trabajadoras agrícolas realizan actividades esenciales y enfrentan elevados riesgos de contagio por las condiciones en las que son trasladadas a los lugares de trabajo, así como las condiciones de hacinamiento en las que viven en los albergues, campamentos o lugares de pernocta. Esto aumenta aún más para las mujeres y niñas por su condición de género, edad y máxime si son de pueblos originarios.

Jornaleras agrícolas

Las personas jornaleras agrícolas constituyen una población altamente vulnerable por ser uno de los sectores que no pusieron pausa al trabajo.

 

Cuando inició la vacunación, la mayoría de las personas adultas mayores estaban en los campos agrícolas y ahí no había ningún protocolo, ningún planteamiento para que se priorizara la vacunación de estos trabajadores. Prácticamente todo este sector siempre ha estado invisibilizado por el gobierno. Cerca de 17 mil trabajadores originarios de esta zona del estado de Guerrero, de 60 años o más, no fueron vacunados contra la enfermedad” (Paulino Rodríguez, encargado de atención a jornaleros agrícolas migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.)

Foto: Andrea Murcia /cuartoscuro.com

 

Jornaleras agrícolas

Antes de COVID-19

Las personas trabajadoras agrícolas realizan actividades esenciales y enfrentan elevados riesgos de contagio por las condiciones en las que son trasladadas a los lugares de trabajo, así como las condiciones de hacinamiento en las que viven en los albergues, campamentos o lugares de pernocta. Esto aumenta aún más para las mujeres y niñas por su género, edad e identidades de pueblos originarios. Se estima que hay alrededor de 3 millones de personas trabajadoras laborando en los campos agrícolas, de los cuales el 46.3% son indígenas.

La población jornalera agrícola y migrante ha enfrentado un proceso de empobrecimiento durante décadas, es por eso que ingresa un mayor número de integrantes de la familia al trabajo remunerado como las niñas, niños, mujeres y adolescentes, a quienes históricamente se les reconoce únicamente como acompañantes, pero que han ido desempeñando un papel cada vez más activo.

Además, tienen condiciones laborales sumamente precarias, ya que el 93.4% carece de contrato; 90.9% carecen de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, únicamente 3 de cada 10 mujeres que trabajan en el campo y 6 de cada 10 hombres reciben remuneración y la mitad gana hasta dos salarios mínimos. Otra problemática relevante, se refiere al trabajo infantil agrícola, ya que se estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y el sector agropecuario concentra la mayor parte de la población infantil ocupada en trabajo no permitido, cifras que se prevee hayan aumentado por las condiciones de pandemia.

Las mujeres son aproximadamente el 15% de las personas jornaleras agrícolas y enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos y laborales. Ellas salen a trabajar al igual que el resto de los hombres antes de que despunte el sol y cuando están de regreso en sus viviendas, son las responsables de los trabajos de cuidados, tales cómo preparar y dar los alimentos a todos los miembros de la familia que hayan salido a trabajar incluyéndose ellas. Aunado a las complejidades de las actividades laborales que ellas realizan, se suman las agresiones institucionales, sexuales, verbales, psicológicas y emocionales.

La pandemia agudizó la compleja y precaria situación laboral y de vida de las jornaleras agrícolas, cientos de jornaleras se enfrentan diariamente a un alto riesgo de contagiarse de Covid-19, de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida, ya que el 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo.

De igual forma, la OIT advirtió sobre el impacto social que causaría un contagio en el campo debido a la rápida propagación del coronavirus y ligado al suministro de alimentos, pues es una actividad esencial y crítica que no puede ponerse en riesgo.

Las personas trabajadoras agrícolas realizan actividades esenciales y enfrentan elevados riesgos de contagio por las condiciones en las que son trasladadas a los lugares de trabajo, así como las condiciones de hacinamiento en las que viven en los albergues, campamentos o lugares de pernocta. Esto aumenta aún más para las mujeres y niñas por su género, edad e identidades de pueblos originarios. Se estima que hay alrededor de 3 millones de personas trabajadoras laborando en los campos agrícolas, de los cuales el 46.3% son indígenas.

La población jornalera agrícola y migrante ha enfrentado un proceso de empobrecimiento durante décadas, es por eso que ingresa un mayor número de integrantes de la familia al trabajo remunerado como las niñas, niños, mujeres y adolescentes, a quienes históricamente se les reconoce únicamente como acompañantes, pero que han ido desempeñando un papel cada vez más activo.

Además, tienen condiciones laborales sumamente precarias, ya que el 93.4% carece de contrato; 90.9% carecen de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, únicamente 3 de cada 10 mujeres que trabajan en el campo y 6 de cada 10 hombres reciben remuneración y la mitad gana hasta dos salarios mínimos. Otra problemática relevante, se refiere al trabajo infantil agrícola, ya que se estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y el sector agropecuario concentra la mayor parte de la población infantil ocupada en trabajo no permitido, cifras que se prevee hayan aumentado por las condiciones de pandemia.

Las mujeres son aproximadamente el 15% de las personas jornaleras agrícolas y enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos y laborales. Ellas salen a trabajar al igual que el resto de los hombres antes de que despunte el sol y cuando están de regreso en sus viviendas, son las responsables de los trabajos de cuidados, tales cómo preparar y dar los alimentos a todos los miembros de la familia que hayan salido a trabajar incluyéndose ellas. Aunado a las complejidades de las actividades laborales que ellas realizan, se suman las agresiones institucionales, sexuales, verbales, psicológicas y emocionales.

La pandemia agudizó la compleja y precaria situación laboral y de vida de las jornaleras agrícolas, cientos de jornaleras se enfrentan diariamente a un alto riesgo de contagiarse de Covid-19, de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida, ya que el 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo.

De igual forma, la OIT advirtió sobre el impacto social que causaría un contagio en el campo debido a la rápida propagación del coronavirus y ligado al suministro de alimentos, pues es una actividad esencial y crítica que no puede ponerse en riesgo.

El impacto de la pandemia por COVID-19

Las personas jornaleras agrícolas, constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento. Dada su participación en las cadenas de producción de alimentos y su condición de precariedad, que los lleva a vivir al día, los jornaleros agrícolas fueron uno de los sectores que no pusieron pausa al trabajo.

La lejanía de los campos agrícolas de los centros de salud y la movilidad de las familias jornaleras requerían un modelo de atención específica, pero ha sido insuficiente. Las familias indígenas monolingües no cuentan con intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención, tienen que gestionar los traslados y se enfrentan con limitaciones respecto a los permisos por enfermedad y descuentos en su día o jornada de trabajo por parte de sus empleadores.

Muestra de todo esta compleja situación, la afectación del COVID-19 a las personas jornaleras agrícolas son testimonios, tales cómo:

“Murió de Covid-19, en las inmediaciones del municipio de Tixtla, un indígena jornalero agrícola que viajaba en un autobús que venía de Sinaloa y se dirigía al poblado de Zoquiapa. El deceso provocó que alrededor de 30 pasajeros fueran aislados, entre ellos 10 niños, en un albergue ubicado en Zoquiapa […] policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional inspeccionaron el camión, donde se halló sin vida a una persona de nombre Silvestre N, de 66, años”.

“A 104 días de que inició la pandemia en Zacatecas […] la Secretaría de Salud informó que […] el 1 de julio ocurrió el deceso número 108 de la pandemia en Zacatecas; una mujer de 19 años que había sido internada en el Hospital General de Fresnillo, al tener síntomas del nuevo coronavirus. Ella provenía de Sinaloa y laboraba como jornalera en Río Florido”

Las personas jornaleras agrícolas, constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento. Dada su participación en las cadenas de producción de alimentos y su condición de precariedad, que los lleva a vivir al día, los jornaleros agrícolas fueron uno de los sectores que no pusieron pausa al trabajo.

La lejanía de los campos agrícolas de los centros de salud y la movilidad de las familias jornaleras requerían un modelo de atención específica, pero ha sido insuficiente. Las familias indígenas monolingües no cuentan con intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención, tienen que gestionar los traslados y se enfrentan con limitaciones respecto a los permisos por enfermedad y descuentos en su día o jornada de trabajo por parte de sus empleadores.

Muestra de todo esta compleja situación, la afectación del COVID-19 a las personas jornaleras agrícolas son testimonios, tales cómo:

“Murió de Covid-19, en las inmediaciones del municipio de Tixtla, un indígena jornalero agrícola que viajaba en un autobús que venía de Sinaloa y se dirigía al poblado de Zoquiapa. El deceso provocó que alrededor de 30 pasajeros fueran aislados, entre ellos 10 niños, en un albergue ubicado en Zoquiapa […] policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional inspeccionaron el camión, donde se halló sin vida a una persona de nombre Silvestre N, de 66, años”.

“A 104 días de que inició la pandemia en Zacatecas […] la Secretaría de Salud informó que […] el 1 de julio ocurrió el deceso número 108 de la pandemia en Zacatecas; una mujer de 19 años que había sido internada en el Hospital General de Fresnillo, al tener síntomas del nuevo coronavirus. Ella provenía de Sinaloa y laboraba como jornalera en Río Florido”

El papel del gobierno al respecto

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

    • El gobierno ha apelado al marco jurídico nacional que corresponde a este momento como es la Ley General de Salud, Ley Federal del Trabajo, Reglamentos Federal de Seguridad y Salud en el trabajo, Normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los protocolos y manuales de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Salud.
    • Emisión de medidas de seguridad sanitaria por el Consejo de Salubridad General.
    • Publicación del Acuerdo por el que se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por la enfermedad generada por el virus SARS CoV2.
    • La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Salud emitió en abril de 2020 la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19.

 

  • Se ha denunciado por parte de organizaciones de trabajadores agrícolas y de derechos humanos que el esquema de vacunación no contempla a los jornaleros migrantes, lo que les pone en gran riesgo. Están fuera de los programas de la Secretaría de Salud (#SSA) y de los gobiernos estatales.

 

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

    • El gobierno ha apelado al marco jurídico nacional que corresponde a este momento como es la Ley General de Salud, Ley Federal del Trabajo, Reglamentos Federal de Seguridad y Salud en el trabajo, Normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los protocolos y manuales de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Salud.
    • Emisión de medidas de seguridad sanitaria por el Consejo de Salubridad General.
    • Publicación del Acuerdo por el que se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por la enfermedad generada por el virus SARS CoV2.
    • La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Salud emitió en abril de 2020 la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19.

 

  • Se ha denunciado por parte de organizaciones de trabajadores agrícolas y de derechos humanos que el esquema de vacunación no contempla a los jornaleros migrantes, lo que les pone en gran riesgo. Están fuera de los programas de la Secretaría de Salud (#SSA) y de los gobiernos estatales.

 

Acciones a favor de las mujeres embarazadas

Más información:

Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas – http://cecig.org.mx/red-de-jornaleros/

 

Más información:

Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas – http://cecig.org.mx/red-de-jornaleros/

 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Aún siendo uno de los sectores esenciales en esta pandemia, se han enfrentado a la falta de apoyo e integración en los programas por parte del gobierno federal, faltando con esto, un presupuesto de egresos de la federación específico para contrarrestar las necesidades existentes y agravadas por la pandemia de las jornaleras agrícolas.

Aún siendo uno de los sectores esenciales en esta pandemia, se han enfrentado a la falta de apoyo e integración en los programas por parte del gobierno federal, faltando con esto, un presupuesto de egresos de la federación específico para contrarrestar las necesidades existentes y agravadas por la pandemia de las jornaleras agrícolas.