El impacto de la pandemia por COVID-19

Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se solicitó información referente a la situación de las personas que se encuentran en las instituciones psiquiátricas públicas del país de enero a agosto de 2021. De acuerdo con el directorio de hospitales psiquiátricos en México, hay 33 en 25 estados de la República Mexicana. Algunas de las instituciones reportadas son de consulta externa o de corta estancia, por lo que no se tomaron en cuenta para este análisis. Para este estudio, se solicitó información a 29 instituciones psiquiátricas, sin embargo, para este análisis consideramos instituciones de larga estancia. De las solicitudes que enviamos, no recibimos respuesta de cinco estados; Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas. Lamentablemente, no todas las entidades enviaron la información desagregada por sexo, lo cual dificulta mirar las implicaciones de la pandemia en las mujeres con discapacidad institucionalizadas.

Debido a la naturaleza de las instituciones en donde combinan servicios de consulta externa, corta estancia y larga estancia, es difícil determinar el número de personas institucionalizadas hasta el momento con los datos recibidos vía la PNT. Para este análisis se tomará como referencia el número de personas institucionalizadas en instituciones psiquiátricas de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 en los Resultados Complementarios del Cuestionario de Alojamientos de Asistencia Social que arroja un total de 5,075 personas.

Con respecto a los casos reportados por COVID-19 en las instituciones psiquiátricas, los Estados reportaron 324 casos, de los cuales, 131 corresponden a mujeres. De las personas que contrajeron el virus, 61 de ellas tenía otras comorbilidades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras, lo que coloca su vida en un mayor riesgo. Por causa del virus, se reportaron cuatro muertes; tres de ellas en el “Hospital Psiquiátrico Granja la Salud Tlazolteotl”, Estado de México y una en el “Hospital Psiquiátrico “Cruz del Norte”, Sonora.  Además de las muertes documentadas por COVID-19, los Estados reportaron 15 muertes por otras causas, siendo el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano “El Batán” en Puebla el que mayor número de decesos reportó con siete muertes tan sólo en el primer semestre del año.

La Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para a prevención de la COVID-19 publicada en diciembre de 2020 menciona que entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna están las personas con discapacidad y personas que residen en los centros de asistencia social y se estarían aplicando en un tercer eje de priorización. Sin embargo, el documento no menciona cuándo ni cómo fueron prioritarias las personas con discapacidad en la estrategia nacional de vacunación. De las solicitudes de información recibidas, de enero a agosto de 2021, los Estados reportaron que 796 personas institucionalizadas tienen el esquema completo de vacunación y sólo 71 una sola dosis. Es decir, de 5,075 personas con discapacidad que viven en instituciones psiquiátricas, sólo el 15.6% tiene el esquema completo de vacunación y el 1.39% cuenta con una dosis. Esto deja a las personas con discapacidad institucionalizadas en riesgo de contraer el virus.

Se preguntó a las entidades sobre cómo se ha visto afectada la salud mental de las personas a lo cual 19 entidades mencionaron que la salud mental de la población se ha visto afectada, no sólo en las personas internas sino en la población en general y en los servicios de consulta externa. Las entidades reportan un incremento en condiciones de salud mental relacionadas con la depresión y ansiedad,

Además, se preguntó si dentro de las instituciones existe alguna estrategia de desinstitucionalización. Diez de ellas mencionaron que están tomando medidas para desinstitucionalizar a la población, sin embargo, reportan acciones aisladas que no corresponden a una estrategia de desinstitucionalización como tal.

Se pudo constatar que las entidades siguen invirtiendo grandes cantidades en las instituciones y no en estrategias de desinstitucionalización y de servicios que les permitan a las personas con discapacidad vivir en la comunidad. El “Batan” en Puebla recibió $174,195,346.31 (8.472.280 USD) para la operación de la institución y reportó siete muertes por causas ajenas al COVID-19. Lo anterior muestra que el peligro de la institucionalización y la importancia de redireccionar los recursos e invertirlos en la comunidad. Otras instituciones que también reciben un alto presupuesto son: Yucatán con $169,639,984 (8.250.730 USD) Guanajuato con $129,852,046.55 (6.315.570 USD) y Nuevo León con $96,723,022 (4.704.290 USD).

El papel del gobierno al respecto

• No existen datos públicos disponibles con respecto a las personas con discapacidad que viven en instituciones residenciales. De los pocos datos que se pudieron adquirir, no se cuenta con una perspectiva de género que permita analizar la situación a detalle.
• El Estado Mexicano no ha priorizado la vacunación de las personas con discapacidad, lo cual las deja desprotegidas ante el COVID-19.

• El Estado Mexicano sigue invirtiendo en instituciones residenciales en lugar de la creación de servicios en la comunidad lo cual coloca la vida y la integridad de las personas institucionalizadas en riesgo.

• Las personas con discapacidad siguen sin ser prioritarias en las políticas públicas y no hay una política de atención con perspectiva de género y discapacidad.
• Entrega de pensiones para las personas con discapacidad consistió en una cantidad de $2,700. Sin embargo, pese al apoyo, el programa no menciona la forma en la que se incluiría a las personas con discapacidad institucionalizadas.
• Publicación de la CNDH de un “exhorto al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes y complementarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Fase 3 de Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19”. Sin embargo, el texto no brinda información sobre cómo proteger a las personas con discapacidad institucionalizadas.

Acciones a favor de las mujeres con discapacidad

• Publicación de las “Acciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad durante la pandemia de COVID-19, especialmente en orfanatos e instituciones”.
• Solicitud de información a instancias federales y locales sobre su actuación con respecto a las personas con discapacidad que viven en instituciones.
• Disability Rights, mediante la iniciativa COVID-19 Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad* emitió un reporte global del impacto diferenciado, donde participaron más de 50 mexicanas y mexicanos con discapacidad.
• A partir de la iniciativa“COVID-19 Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad” llevada a cabo por seis organizaciones a nivel internacional surge desde la sociedad civil y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad un grupo de trabajo a fin de crear lineamientos para la desinstitucionalización. Dichos lineamientos, se encuentran en proceso de ser desarrollados por distintos actores a nivel internacional e influirá favorablemente en las mujeres con discapacidad institucionalizadas.
• Se han generaron distintos espacios de discusión a fin de conocer la situación de las mujeres con discapacidad durante la pandemia, en especial con perspectiva de género.
• Debido al alto número de contagios en el primer semestre del año, como sociedad civil, nos hemos visto imposibilitadas a conocer de manera presencial la situación de las mujeres con discapacidad en las instituciones.

Más información:

Disability Rights International https://www.driadvocacy.org/

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Aunque sí existe un presupuesto asignado para las personas con discapacidad por el ramo de bienestar, es necesario mencionar que no existe un programa específico para atender a las necesidades de las mujeres con discapacidad.