Aborto Seguro |

Antes de COVID-19

La regulación existente sobre aborto en México es restrictiva, solamente se considera legal el aborto por violación en todo el país; en el resto de las entidades, se encuentra tipificado como un delito y sólo bajo ciertas causales o circunstancias se puede abortar sin ameritar una sanción penal, según lo regulado por los Códigos Penales en cada entidad federativa. A inicios de la pandemia por COVID-19 únicamente dos estados lo habían despenalizado: Ciudad de México y Oaxaca, permitiendo el acceso al servicio durante las primeras 12 semanas de gestación. Actualmente se han sumado Hidalgo, Baja California Colima y Veracruz a la legalización de la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas.

La COVID-19 aumentó las brechas geográficas, económicas y de información para acceder a abortos legales o seguros, lo que disminuyó la posibilidad de algunas mujeres de viajar para acceder a un aborto y dejóaún más en evidencia que la regulación actual es insuficiente.

Garantizar el acceso al aborto se vuelve particularmente relevante en un contexto de confinamiento en el que hay un acceso limitado a métodos anticonceptivos y un aumento de violencia sexual en contra de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. El acceso al aborto por violación debe otorgarse de acuerdo con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046) y la Ley General de Víctimas; esto es, para todas las mujeres a partir de los 12 años sin necesidad de una autorización o denuncia previa sino solamente solicitándolo por escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que el embarazo es producto de violación. Sin embargo, la emergencia sanitaria que atravesamos, la jornada de distanciamiento social y la sensación de inseguridad con relación a los servicios de salud, así como las distintas limitaciones del acceso a la información, han dejado vacíos para cumplir, incluso con las causales previstas en los códigos penales estatales. Actualmente se han sumado Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación (en Sinaloa durante las primeras 13 semanas), y Coahuila con la despenalización por vía judicial (AI 148/2017).

Antes de COVID-19

La regulación existente sobre aborto en México es restrictiva, solamente se considera legal el aborto por violación en todo el país; en el resto de las entidades, se encuentra tipificado como un delito y sólo bajo ciertas causales o circunstancias se puede abortar sin ameritar una sanción penal, según lo regulado por los Códigos Penales en cada entidad federativa. A inicios de la pandemia por COVID-19 únicamente dos estados lo habían despenalizado: Ciudad de México y Oaxaca, permitiendo el acceso al servicio durante las primeras 12 semanas de gestación. Actualmente se han sumado Hidalgo, Baja California Colima y Veracruz a la legalización de la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas.

La COVID-19 aumentó las brechas geográficas, económicas y de información para acceder a abortos legales o seguros, lo que disminuyó la posibilidad de algunas mujeres de viajar para acceder a un aborto y dejóaún más en evidencia que la regulación actual es insuficiente.

Garantizar el acceso al aborto se vuelve particularmente relevante en un contexto de confinamiento en el que hay un acceso limitado a métodos anticonceptivos y un aumento de violencia sexual en contra de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. El acceso al aborto por violación debe otorgarse de acuerdo con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046) y la Ley General de Víctimas; esto es, para todas las mujeres a partir de los 12 años sin necesidad de una autorización o denuncia previa sino solamente solicitándolo por escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que el embarazo es producto de violación. Sin embargo, la emergencia sanitaria que atravesamos, la jornada de distanciamiento social y la sensación de inseguridad con relación a los servicios de salud, así como las distintas limitaciones del acceso a la información, han dejado vacíos para cumplir, incluso con las causales previstas en los códigos penales estatales. Actualmente se han sumado Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación (en Sinaloa durante las primeras 13 semanas), y Coahuila con la despenalización por vía judicial (AI 148/2017).

El impacto de la pandemia por COVID-19

En este tiempo se complejizó la experiencia de aborto de las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluso en los casos en los que se utilizaron medicamentos para llevar a cabo el aborto, pues el tiempo para confirmar el éxito del tratamiento se hace más largo por el temor a acudir a centros médicos o laboratorios para ultrasonidos de revisión. De esta forma, la experiencia emocional frente al aborto también puede verse afectada por la prolongación de la duda e incertidumbre ante el éxito o falla del procedimiento. Por su parte, pese al temor de contagio hay quienes al acudir a los servicios de interrupción legal del embarazo han tenido que enfrentar a los grupos antiderechos que se encuentran a las puertas de los centros especializados de la Secretaría de Salud, que no han dejado de difundir desinformación entre las usuarias de los servicios durante esta pandemia.

Estas barreras influyeron en que, para 2022 la atención del aborto espontáneo o inducido en hospitales se redujera 32% en comparación con el año anterior, según datos preliminares de la Dirección General de Información a la Salud (DGIS).* Por otro lado, en la Ciudad de México entre el 1º y 2º trimestre de 2020, el número de servicios prestados por el programa Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tuvo una reducción considerable equivalente al (-)47.96%. Durante este periodo se presentó un incremento de los casos COVID-19 en el país, por lo que el sistema de salud público se volcó a atender la emergencia sanitaria.

Aunque lentamente se ha normalizado el número de interrupciones del embarazo realizadas en este programa, en el segundo trimestre de 2022 aún se registró una variación porcentual de (-)25.42% en comparación con el primer trimestre de 2020. Esto se debe a la falta de un sistema de información pública que permita conocer cuándo, cómo y en dónde acceder a un aborto seguro.

Para tener información precisa sobre los servicios de aborto de las entidades federativas, las organizaciones dependen de Solicitudes de Acceso a la Información, ejemplo de ello son Hidalgo y Oaxaca. Gracias a dichas solicitudes encontramos que en Hidalgo se realizaron durante 2021 un total de 301 procedimientos; de éstos, 69% fueron en la capital del estado. En el caso de Oaxaca, durante el mismo periodo se realizaron 188 interrupciones; de éstas, 100% fueron en la capital del estado. Lo anterior nos muestra que es necesario generar y difundir información sobre la legalidad del aborto y los servicios públicos gratuitos, específicando los hospitales donde se presta la atención. De igual manera es muy importante descentralizar los servicios de aborto para que más mujeres y personas gestantes puedan acceder a ellos.

prevé que las condiciones adversas al acceso al aborto durante la pandemia impacte también en los embarazos a temprana edad. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), habrá alrededor de 145 mil 719 embarazos, de los cuales 21 mil 575 serán embarazos en niñas y adolescentes* consecuencia del tiempo de confinamiento.

En tanto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México estimó que alrededor de 869 mil 880 mujeres en el país dejarían de usarlos métodos anticonceptivos debido a la interrupción en los servicios de anticoncepción por la contingencia.

La Ciudad de México fue por casi 14 años la única entidad federativa que de manera gratuita ofrecía servicios de ILE. Entre noviembre de 2015 y junio de 2022, 63.7% de las interrupciones se realizaron antes de las 8 semanas de gestación, y 9 de cada 10 se practicaron con medicamento. Durante los meses más críticos de la pandemia no se observaron cambios significativos en estos patrones. Sin embargo, el número de servicios prestados por ILE-CDMX sí tuvo una disminución considerable.

Pese a que se han sumado nuevas entidades a la despenalización de la interrupción del embarazo, de éstas sólo 7 han reformado la Ley de Salud con el fin de proveer el acceso a servicios de aborto: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa y Baja California Sur.

Los programas públicos de acceso al aborto seguro deben: ejecutarse bajo estándares integrales de atención médica, contar con instalaciones adecuadas y no centralizadas, así como generar y difundir información accesible acerca del programa para distintas poblaciones de mujeres y personas con capacidad de gestar. Estos programas son la forma en la que se garantiza el derecho a la salud y justicia reproductiva de las mujeres y personas gestantes.