Muerte materna y violencia obstétrica

Las mujeres embarazadas temen acudir a unidades médicas para atención de salud materna por el riesgo de contagio. Falta información en formatos sencillos, accesibles y prácticos de las unidades médicas a las que pueden acudir.

Muerte materna y violencia obstétrica

COVID-19 ha sido la principal causa de muerte materna.

 

Valeria supo de su embarazo en octubre de 2019. Su control prenatal se vio afectado por la pandemia; necesitaba un ultrasonido estructural para confirmar un posible diagnóstico de ectasia renal bilateral en el producto, lo que significaba un embarazo de alto riesgo. Al acudir a cuatro hospitales diferentes en la Ciudad de México, dos de ellos le negaron la atención por ser hospitales COVID-19. 

El 14 de mayo de 2020, Valeria entró en labor de parto y pese a las molestias que presentaba le negaron la atención en dos hospitales, camino a su domicilio en el metro se le rompió la fuente, su bebé nació sana. Sin embargo, fue injustificadamente sometida a estrés e incertidumbre sobre dónde atender su parto, así como sobre su estado de salud y el de su bebé a punto de nacer.

Muerte materna y violencia obstétrica

  • Antes de COVID-19
  • El impacto de la pandemia por COVID-19
  • El papel del gobierno al respecto
  • Acciones a favor de las mujeres embarazadas
  • Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Antes de COVID-19

Es un temor existente entre las mujeres embarazadas acudir a unidades médicas por atención de salud materna por el riesgo de contagio, de igual forma, faltó información en formatos sencillos, accesibles y prácticos de las unidades médicas a las que podían acudir.

Las muertes maternas implican una violación múltiple de los derechos humanos y están estrechamente relacionadas con la discriminación que enfrentan las mujeres en México. Por ejemplo, la situación que viven las mujeres de comunidades indígenas para la atención de sus embarazos, partos y puerperios, quienes con frecuencia deben realizar largos traslados a centros de salud que suelen estar en malas condiciones, sin personal médico de base ni intérpretes de lenguas locales distintas al español. Estas fallas estructurales derivan en la manera desproporcionada en que la muerte materna afecta a las mujeres indígenas: en 2015, 6% de la población mexicana eran mujeres indígenas, sin embargo, 11.2% del total de muertes maternas en el país en ese año corresponden a esta población.

La partería tradicional es una alternativa para la atención de la salud materna de mujeres indígenas con embarazos de bajo riesgo que a nivel nacional está limitada u obstaculizada. En México, derivado de una política impulsada en 2010, se espera que casi la totalidad de los partos (95%) sean atendidos por personal calificado y en hospitales, pero la definición de “personal calificado” excluye a la partería tradicional, aunque está contemplada en instrumentos normativos como la NOM 007. Esta exclusión obstaculiza y desalienta la labor de las parteras, ignora las recomendaciones internacionales de los beneficios de incluir la partería en la atención de la salud materna y neonatal y reduce las opciones de las mujeres a decidir cómo atender sus embarazos, partos y puerperios, un aspecto importante para las condiciones en este confinamiento.

Asimismo, a la falta de insumos o infraestructura se suman las conductas de maltrato y discriminación de parte de personal de salud hacia las mujeres y sus familias. Lo cual constituye violencia obstétrica y, según la ENDIREH 2016, la han vivido 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en México.

Los servicios de atención obstétrica se declararon como esenciales durante la pandemia, pero hubo una clara falta de información pública por parte de los Servicios de Salud de las entidades federativas sobre qué unidades brindaban atención materno-infantil y, específicamente, para urgencias obstétricas.

Es un temor existente entre las mujeres embarazadas acudir a unidades médicas por atención de salud materna por el riesgo de contagio, de igual forma, faltó información en formatos sencillos, accesibles y prácticos de las unidades médicas a las que podían acudir.

Las muertes maternas implican una violación múltiple de los derechos humanos y están estrechamente relacionadas con la discriminación que enfrentan las mujeres en México. Por ejemplo, la situación que viven las mujeres de comunidades indígenas para la atención de sus embarazos, partos y puerperios, quienes con frecuencia deben realizar largos traslados a centros de salud que suelen estar en malas condiciones, sin personal médico de base ni intérpretes de lenguas locales distintas al español. Estas fallas estructurales derivan en la manera desproporcionada en que la muerte materna afecta a las mujeres indígenas: en 2015, 6% de la población mexicana eran mujeres indígenas, sin embargo, 11.2% del total de muertes maternas en el país en ese año corresponden a esta población.

La partería tradicional es una alternativa para la atención de la salud materna de mujeres indígenas con embarazos de bajo riesgo que a nivel nacional está limitada u obstaculizada. En México, derivado de una política impulsada en 2010, se espera que casi la totalidad de los partos (95%) sean atendidos por personal calificado y en hospitales, pero la definición de “personal calificado” excluye a la partería tradicional, aunque está contemplada en instrumentos normativos como la NOM 007. Esta exclusión obstaculiza y desalienta la labor de las parteras, ignora las recomendaciones internacionales de los beneficios de incluir la partería en la atención de la salud materna y neonatal y reduce las opciones de las mujeres a decidir cómo atender sus embarazos, partos y puerperios, un aspecto importante para las condiciones en este confinamiento.

Asimismo, a la falta de insumos o infraestructura se suman las conductas de maltrato y discriminación de parte de personal de salud hacia las mujeres y sus familias. Lo cual constituye violencia obstétrica y, según la ENDIREH 2016, la han vivido 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en México.

Los servicios de atención obstétrica se declararon como esenciales durante la pandemia, pero hubo una clara falta de información pública por parte de los Servicios de Salud de las entidades federativas sobre qué unidades brindaban atención materno-infantil y, específicamente, para urgencias obstétricas.

El impacto de la pandemia por COVID-19

Derivado de lo anterior, al 20 de julio de 2020, la razón de mortalidad materna aumentó a 39.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, un incremento del 19.2% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior. La principal causa de defunción; el COVID-19, con 18.5% de defunciones confirmadas.

Las mujeres que han optado por una atención del parto en casa con parteras profesionales o tradicionales, continúan enfrentando dificultades para el acceso al certificado de nacimiento de la persona recién nacida. Ello resulta sumamente preocupante porque limita el derecho a la identidad de niñas y niños, y desincentiva el ejercicio de la partería, que ha sido una alternativa para la atención de los partos de bajo riesgo ante la saturación hospitalaria y los riesgos de acudir a los servicios de salud.

Algunos de los servicios de vacunación (o medicina preventiva) de unidades médicas de las instituciones (IMSS) se han suspendido, y algunas unidades médicas de la Secretaría de Salud no brindan servicios porque se bloqueó el acceso a la localidad a personas externas.

Derivado de lo anterior, al 20 de julio de 2020, la razón de mortalidad materna aumentó a 39.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, un incremento del 19.2% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior. La principal causa de defunción; el COVID-19, con 18.5% de defunciones confirmadas.

Las mujeres que han optado por una atención del parto en casa con parteras profesionales o tradicionales, continúan enfrentando dificultades para el acceso al certificado de nacimiento de la persona recién nacida. Ello resulta sumamente preocupante porque limita el derecho a la identidad de niñas y niños, y desincentiva el ejercicio de la partería, que ha sido una alternativa para la atención de los partos de bajo riesgo ante la saturación hospitalaria y los riesgos de acudir a los servicios de salud.

Algunos de los servicios de vacunación (o medicina preventiva) de unidades médicas de las instituciones (IMSS) se han suspendido, y algunas unidades médicas de la Secretaría de Salud no brindan servicios porque se bloqueó el acceso a la localidad a personas externas.

El papel del gobierno al respecto

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

Acciones a favor de las mujeres embarazadas

  • Creación y publicación de campañas y mensajes (campaña permanente en Facebook, lineamientos, campaña de #respetomutuo )para informar a las mujeres embarazadas sobre sus derechos en la emergencia sanitaria por la COVID-19.
  • Realización de una encuesta digital para identificar las principales dudas de las mujeres embarazadas y su relación con la COVID-19.
  • Generación de un mapa semanal con los datos de muertes maternas comparándolos con los datos del año pasado para el periodo publicado, así como boletines semanales sobre las defunciones maternas en México con la información generada por la Dirección General de Epidemiología (DGE).
  • Creación, grabación y difusión de spots de radio y vídeos en tseltal, tsotsil y español para informar a la población de los Altos de Chiapas sobre dónde recibir atención prenatal, del parto, posparto y vacunación del recién nacido en los 17 municipios que abarca el Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.
  • Creación de 32 videos para el estado de Jalisco junto con el Comité Promotor por una Maternidad Segura de Jalisco sobre unidades médicas que brindan atención del embarazo, parto y puerperio.

Más información:

Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. https://gire.org.mx/

Observatorio de Mortalidad Materna https://omm.org.mx/

 

  • Creación y publicación de campañas y mensajes (campaña permanente en Facebook, lineamientos, campaña de #respetomutuo )para informar a las mujeres embarazadas sobre sus derechos en la emergencia sanitaria por la COVID-19.
  • Realización de una encuesta digital para identificar las principales dudas de las mujeres embarazadas y su relación con la COVID-19.
  • Generación de un mapa semanal con los datos de muertes maternas comparándolos con los datos del año pasado para el periodo publicado, así como boletines semanales sobre las defunciones maternas en México con la información generada por la Dirección General de Epidemiología (DGE).
  • Creación, grabación y difusión de spots de radio y vídeos en tseltal, tsotsil y español para informar a la población de los Altos de Chiapas sobre dónde recibir atención prenatal, del parto, posparto y vacunación del recién nacido en los 17 municipios que abarca el Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.
  • Creación de 32 videos para el estado de Jalisco junto con el Comité Promotor por una Maternidad Segura de Jalisco sobre unidades médicas que brindan atención del embarazo, parto y puerperio.

Más información:

Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. https://gire.org.mx/

Observatorio de Mortalidad Materna https://omm.org.mx/

 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Salud materna, sexual y reproductiva, es el programa que integra todas las acciones relacionadas con la salud de las mujeres que lleva a cabo el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Debido a la estructura de este programa no es posible analizar de forma diferenciada el dinero destinado a ​planificación familiar y anticoncepción​, salud materna y perinatal​ o ​salud sexual y reproductiva de los adolescentes​. En general, se observa una asignación de recursos histórica creciente, a excepción del recorte entre 2020 y 2021 de 500 millones de pesos; esto es equivalente a una disminución del (-)19.2%.

Salud materna, sexual y reproductiva, es el programa que integra todas las acciones relacionadas con la salud de las mujeres que lleva a cabo el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Debido a la estructura de este programa no es posible analizar de forma diferenciada el dinero destinado a ​planificación familiar y anticoncepción​, salud materna y perinatal​ o ​salud sexual y reproductiva de los adolescentes​. En general, se observa una asignación de recursos histórica creciente, a excepción del recorte entre 2020 y 2021 de 500 millones de pesos; esto es equivalente a una disminución del (-)19.2%.

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