Las mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan al aumento de la violencia de género, al recorte en los recursos asignados a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) y la falta de información con pertinencia cultural y lingüística, lo que también limita la atención médica y de vacunación.
Las mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan a la falta de información con pertinencia cultural y lingüística, lo que limita su atención médica y vacunación.
“No basta con que se recomiende el lavado de manos cuando comunidades enteras no tienen acceso al agua. No basta con que se produzcan mensajes en lenguas indígenas sin tener contacto con las culturas locales y no sean culturalmente pertinentes. No basta con el aislamiento y que la educación haya prácticamente desaparecido por la falta de conectividad y tecnologías de telecomunicación” (Plataforma Indígena Regional COVID-19)
Las mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan al aumento de la violencia de género, al recorte en los recursos asignados a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) y la falta de información con pertinencia cultural y lingüística.
En México, más de 25 millones de personas se identifican como indígenas, más de 1.3 millones como afromexicanas y las mujeres indígenas y afromexicanas representan el 51% de sus poblaciones. Ellas y sus comunidades se enfrentan al racismo y la discriminación históricas contra las que han luchado para lograr el reconocimiento a sus derechos humanos. Sin embargo, las barreras estructurales respecto al acceso a sus derechos persisten: se enfrentan a sistemas de salud y justicia que son deficientes, que les imponen barreras adicionales discriminatorias y que no toman en cuenta sus necesidades específicas, como contar con intérpretes y la necesidad de sistemas multiculturales.
Para las mujeres afromexicanas existe apenas un incipiente reconocimiento a su identidad y una falta de políticas públicas focalizadas. Una muestra es el analfabetismo que prevalece en los municipios en donde vive al menos 10% de la población afrodescendiente, en los cuales la proporción de mujeres que no saben leer ni escribir casi se triplica en comparación con el total nacional.
Las mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan al aumento de la violencia de género, al recorte en los recursos asignados a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) y la falta de información con pertinencia cultural y lingüística.
En México, más de 25 millones de personas se identifican como indígenas, más de 1.3 millones como afromexicanas y las mujeres indígenas y afromexicanas representan el 51% de sus poblaciones. Ellas y sus comunidades se enfrentan al racismo y la discriminación históricas contra las que han luchado para lograr el reconocimiento a sus derechos humanos. Sin embargo, las barreras estructurales respecto al acceso a sus derechos persisten: se enfrentan a sistemas de salud y justicia que son deficientes, que les imponen barreras adicionales discriminatorias y que no toman en cuenta sus necesidades específicas, como contar con intérpretes y la necesidad de sistemas multiculturales.
Para las mujeres afromexicanas existe apenas un incipiente reconocimiento a su identidad y una falta de políticas públicas focalizadas. Una muestra es el analfabetismo que prevalece en los municipios en donde vive al menos 10% de la población afrodescendiente, en los cuales la proporción de mujeres que no saben leer ni escribir casi se triplica en comparación con el total nacional.
La emergencia por COVID-19 ha afectado a las mujeres indígenas y afromexicanas de diversas formas. Entre ellas, económicamente, dado que muchas de ellas viven al día y, quienes tienen trabajos remunerados, los realizan en el sector informal y con la venta de productos. Por otro lado, los servicios de clínicas y hospitales han redirigido su atención a la COVID-19, quitándole prioridad a la salud sexual y reproductiva y generando confusión sobre dónde deben acudir en contextos cuya infraestructura y atención ya era precaria.
Asimismo, el Decreto de Austeridad firmado el 23 de abril de 2020 provocó la cancelación del presupuesto para las 35 Casas de la Mujer Indígenas (CAMI), que son espacios en donde las mujeres indígenas y afromexicanas brindan atención a otras mujeres con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. En el contexto actual, en el que la violencia contra las mujeres va en aumento (como lo han mostrado las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) el Estado incumple su obligación de garantizarles a las mujeres indígenas y afromexicanas una vida libre de violencia y el derecho a la salud, además de atentar contra instituciones que realizan esta labor.
Para las mujeres indígenas y afromexicanas también ha existido una falta de información con pertinencia cultural y lingüística y en formatos accesibles sobre las medidas de prevención y atención de la COVID-19, en especial para mujeres embarazadas. Asimismo, se ha ignorado la brecha digital que existe en sus comunidades, lo que genera una mayor carga para quienes han tenido que asumir la educación a distancia para sus hijas e hijos.
Existe una preocupación específica respecto a las jornaleras agrícolas que forman parte de los 2.2 millones de personas que desempeñan esta labor y viven en condiciones de alta vulnerabilidad, y para quienes no existen protocolos o medidas específicas.
La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia el racismo estructural y las profundas desigualdades que enfrentan los pueblos y comunidades afromexicanas, empezando por la falta de datos desagregados sobre la proporción de personas afromexicanas afectadas por la enfermedad.
La emergencia por COVID-19 ha afectado a las mujeres indígenas y afromexicanas de diversas formas. Entre ellas, económicamente, dado que muchas de ellas viven al día y, quienes tienen trabajos remunerados, los realizan en el sector informal y con la venta de productos. Por otro lado, los servicios de clínicas y hospitales han redirigido su atención a la COVID-19, quitándole prioridad a la salud sexual y reproductiva y generando confusión sobre dónde deben acudir en contextos cuya infraestructura y atención ya era precaria.
Asimismo, el Decreto de Austeridad firmado el 23 de abril de 2020 provocó la cancelación del presupuesto para las 35 Casas de la Mujer Indígenas (CAMI), que son espacios en donde las mujeres indígenas y afromexicanas brindan atención a otras mujeres con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. En el contexto actual, en el que la violencia contra las mujeres va en aumento (como lo han mostrado las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) el Estado incumple su obligación de garantizarles a las mujeres indígenas y afromexicanas una vida libre de violencia y el derecho a la salud, además de atentar contra instituciones que realizan esta labor.
Para las mujeres indígenas y afromexicanas también ha existido una falta de información con pertinencia cultural y lingüística y en formatos accesibles sobre las medidas de prevención y atención de la COVID-19, en especial para mujeres embarazadas. Asimismo, se ha ignorado la brecha digital que existe en sus comunidades, lo que genera una mayor carga para quienes han tenido que asumir la educación a distancia para sus hijas e hijos.
Existe una preocupación específica respecto a las jornaleras agrícolas que forman parte de los 2.2 millones de personas que desempeñan esta labor y viven en condiciones de alta vulnerabilidad, y para quienes no existen protocolos o medidas específicas.
La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia el racismo estructural y las profundas desigualdades que enfrentan los pueblos y comunidades afromexicanas, empezando por la falta de datos desagregados sobre la proporción de personas afromexicanas afectadas por la enfermedad.
Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:
Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:
Más información:
Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir https://ilsb.org.mx/equipo/programa-de-mujeres-indigenas-promui/
Más información:
Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir https://ilsb.org.mx/equipo/programa-de-mujeres-indigenas-promui/
Aunque sí existe un presupuesto asignado para las personas indígenas y afromexicanas, es necesario contemplar los objetivos de los mismos, así como el impacto real de beneficio, además de mencionar que la inexistencia de un programa específico para atender a las necesidades de las mujeres.
Aunque sí existe un presupuesto asignado para las personas indígenas y afromexicanas, es necesario contemplar los objetivos de los mismos, así como el impacto real de beneficio, además de mencionar que la inexistencia de un programa específico para atender a las necesidades de las mujeres.