Mujeres migrantes |

Antes de COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha agudizado los retos a los que se enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas en México. La falta de un documento migratorio hace que su acceso a la salud, al trabajo, a la educación y a una vivienda digna se vean obstaculizados. El género y su nacionalidad se convierten en factores que incrementan la discriminación y la desigualdad.

En México, de acuerdo a las estadísticas públicas de la Secretaría de Gobernación, las mujeres representan entre el 25 y el 30 por ciento de los flujos migratorios en tránsito irregular. Mientras que las mujeres solicitantes de asilo, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, representan entre el 35 y 40 por ciento.

Ellas tienen diferentes tiempos y formas de migrar a diferencia de sus pares hombres. Los retos y riesgos que enfrentan están atravesados por el género, la xenofobia, el racismo y la discriminación. Entre los riesgos se encuentra la extorsión, principalmente durante los operativos de control y verificación migratoria en carreteras del país; la violencia, en sus diferentes modalidades; secuestro; la falta de acceso a la justicia -en México existe un 99 por ciento de impunidad en los delitos contra la población migrante.

Los retos aumentan y se vuelven cada vez más rígidos, como la regularización migratoria con permiso para trabajar, el acceso a la educación para sus hijas e hijos, así como a derechos básicos como salud y vivienda, y malas condiciones laborales. En general, a partir del 2019 las mujeres migrantes han enfrentado políticas migratorias más restrictivas en la región, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad en su tránsito, y al llegar al país de destino.

Lo mismo sucede con las mujeres solicitantes de asilo en el país, en 2020 fueron el 38 por ciento de quienes solicitaron asilo y hasta septiembre de 2021 representan el 40 por ciento de las personas que solicitaron asilo en México. Entre las causas que las obligan a salir de sus países en busca de protección internacional está la violencia de género, la persecución y amenazas en razón de género -hacia ellas o sus familias, la desigualdad y discriminación y el cambio climático.

Antes de COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha agudizado los retos a los que se enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas en México. La falta de un documento migratorio hace que su acceso a la salud, al trabajo, a la educación y a una vivienda digna se vean obstaculizados. El género y su nacionalidad se convierten en factores que incrementan la discriminación y la desigualdad.

En México, de acuerdo a las estadísticas públicas de la Secretaría de Gobernación, las mujeres representan entre el 25 y el 30 por ciento de los flujos migratorios en tránsito irregular. Mientras que las mujeres solicitantes de asilo, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, representan entre el 35 y 40 por ciento.

Ellas tienen diferentes tiempos y formas de migrar a diferencia de sus pares hombres. Los retos y riesgos que enfrentan están atravesados por el género, la xenofobia, el racismo y la discriminación. Entre los riesgos se encuentra la extorsión, principalmente durante los operativos de control y verificación migratoria en carreteras del país; la violencia, en sus diferentes modalidades; secuestro; la falta de acceso a la justicia -en México existe un 99 por ciento de impunidad en los delitos contra la población migrante.

Los retos aumentan y se vuelven cada vez más rígidos, como la regularización migratoria con permiso para trabajar, el acceso a la educación para sus hijas e hijos, así como a derechos básicos como salud y vivienda, y malas condiciones laborales. En general, a partir del 2019 las mujeres migrantes han enfrentado políticas migratorias más restrictivas en la región, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad en su tránsito, y al llegar al país de destino.

Lo mismo sucede con las mujeres solicitantes de asilo en el país, en 2020 fueron el 38 por ciento de quienes solicitaron asilo y hasta septiembre de 2021 representan el 40 por ciento de las personas que solicitaron asilo en México. Entre las causas que las obligan a salir de sus países en busca de protección internacional está la violencia de género, la persecución y amenazas en razón de género -hacia ellas o sus familias, la desigualdad y discriminación y el cambio climático.

El impacto de la pandemia por COVID-19

Tras el cierre de fronteras en Centroamérica muchas mujeres migrantes y y solicitante de protección internacional sus familias quedaron varadas en municipios de la frontera sur de México a la espera de sus procedimientos migratorios o de asilo. Las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan se han agudizado, algunas mujeres y sus familias han esperado más de un año en condiciones precarias y la xenofobia, discrimianción y racismo de las comunidades ha estado presente.La pandemia incrementó la precariedad laboral y socioeconómica, y en consecuencia ha tenido un impacto en la población migrante, el acceso a la vivienda, a la salud y al trabajo han disminuido.. En el acceso a la salud, en concreto a las vacunas contra la COVID-19 en México, aunque no existe una negativa literal para vacunar a la población migrante, los requisitos que se establecieron descartan a las personas migrantes pues la mayoría no cuenta con una CURP o un comprobante de domicilio. Las organizaciones de la sociedad civil han realizado acciones jurídicas para que estos requisitos no sean un obstáculo y las personas migrantes puedan acceder a la vacunación de acuerdo a los grupos etarios establecidos.El riesgo de contagio para la población migrante sigue siendo alto. Las detenciones en estaciones migratorias, espacios que no cuentan con medidas de higiene y aquellas establecidas para contener el coronavirus (sana distancia, uso de cubrebocas, etc.) mantienen a las personas en condiciones de hacinamiento. Entre enero y septiembre de 2021 se han registrado más de 190 mil eventos de detención, 28 por ciento mujeres y 72 por ciento hombres. Aunque existen protocolos para la atención, estos no fueron elaborados por el Consejo de Salubridad -instancia encargada de definir las medidas para mitigar la pandemia en el país- y no se siguen.

El Estado mexicano continúa con su política de militarización de las acciones de control y verificación migratoria. A los agentes del Instituto Nacional de Migración se le han sumado más de 26 mil elementos de la Guardia Nacional y el ejército mexicano en labores de contención migratoria. El resultado ha sido el uso excesivo de la fuerza, la separación familiar, la detención y deportación de personas sin información y algunas con documentos de estancia por razones humanitarias o reconocidas como refugiadas. Además, el gobierno mexicnao ha participado de políticas migratorias estadounidense como las expulsiones bajo Título 42 (expulsiones en cadena).

En octubre de 2021, en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil expusieron las diversas violaciones que vive la población migrante en nuestro país como consecuencia de la política migratoria implementada. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones en favor de la vida y la salud de las personas migrantes, la mayoría dirigidas al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Mientras que el hostigamiento hacia las y los defensores de los derechos de la población migrante y solicitante de protección ha sido constantes.

El 28 de abril de 2021 se emitió una solicitud de apoyo urgente hacia la Relatora Especial sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, tras aumentar los ataques, resaltando entre ellos el 22 de marzo de 2021, cuando los agentes en puerto fronterizo intentaron expulsar junto con las familias hacia Guatemala a las y los acompañantes.

El impacto de la pandemia por COVID-19

Tras el cierre de fronteras en Centroamérica muchas mujeres migrantes y y solicitante de protección internacional sus familias quedaron varadas en municipios de la frontera sur de México a la espera de sus procedimientos migratorios o de asilo. Las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan se han agudizado, algunas mujeres y sus familias han esperado más de un año en condiciones precarias y la xenofobia, discrimianción y racismo de las comunidades ha estado presente.La pandemia incrementó la precariedad laboral y socioeconómica, y en consecuencia ha tenido un impacto en la población migrante, el acceso a la vivienda, a la salud y al trabajo han disminuido.. En el acceso a la salud, en concreto a las vacunas contra la COVID-19 en México, aunque no existe una negativa literal para vacunar a la población migrante, los requisitos que se establecieron descartan a las personas migrantes pues la mayoría no cuenta con una CURP o un comprobante de domicilio. Las organizaciones de la sociedad civil han realizado acciones jurídicas para que estos requisitos no sean un obstáculo y las personas migrantes puedan acceder a la vacunación de acuerdo a los grupos etarios establecidos.El riesgo de contagio para la población migrante sigue siendo alto. Las detenciones en estaciones migratorias, espacios que no cuentan con medidas de higiene y aquellas establecidas para contener el coronavirus (sana distancia, uso de cubrebocas, etc.) mantienen a las personas en condiciones de hacinamiento. Entre enero y septiembre de 2021 se han registrado más de 190 mil eventos de detención, 28 por ciento mujeres y 72 por ciento hombres. Aunque existen protocolos para la atención, estos no fueron elaborados por el Consejo de Salubridad -instancia encargada de definir las medidas para mitigar la pandemia en el país- y no se siguen.

El Estado mexicano continúa con su política de militarización de las acciones de control y verificación migratoria. A los agentes del Instituto Nacional de Migración se le han sumado más de 26 mil elementos de la Guardia Nacional y el ejército mexicano en labores de contención migratoria. El resultado ha sido el uso excesivo de la fuerza, la separación familiar, la detención y deportación de personas sin información y algunas con documentos de estancia por razones humanitarias o reconocidas como refugiadas. Además, el gobierno mexicnao ha participado de políticas migratorias estadounidense como las expulsiones bajo Título 42 (expulsiones en cadena).

En octubre de 2021, en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil expusieron las diversas violaciones que vive la población migrante en nuestro país como consecuencia de la política migratoria implementada. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones en favor de la vida y la salud de las personas migrantes, la mayoría dirigidas al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Mientras que el hostigamiento hacia las y los defensores de los derechos de la población migrante y solicitante de protección ha sido constantes.

El 28 de abril de 2021 se emitió una solicitud de apoyo urgente hacia la Relatora Especial sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, tras aumentar los ataques, resaltando entre ellos el 22 de marzo de 2021, cuando los agentes en puerto fronterizo intentaron expulsar junto con las familias hacia Guatemala a las y los acompañantes.

El papel del gobierno al respecto

El gobierno mexicano no ha mostrado disposición para hacer frente a estas afectaciones:

Aunque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha realizado entrevistas de elegibilidad a distancia y recibiendo solicitudes de asilo vía electrónica, el rezago que presenta es importante y los recursos asignados son menos, aún si a septiembre de 2021 supera las 90 mil solicitudes de asilo.
Continúan las detenciones en condiciones de hacinamiento en las estaciones migratorias y se ha documentado cómo las personas no reciben enseres de higiene o son sometidas a pruebas contra la COVID-19 en esos espacios.
Aunque existe un Protocolo de Actuación para la prevención y atención de casos de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales se han registrado muertes por COVID-19 al interior de las estaciones migratorias, de acuerdo con las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.. Se sigue supeditando el acceso a la salud a un documento de identidad o de estancia migratoria regular en el país.

El papel del gobierno al respecto

El gobierno mexicano no ha mostrado disposición para hacer frente a estas afectaciones:

Aunque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha realizado entrevistas de elegibilidad a distancia y recibiendo solicitudes de asilo vía electrónica, el rezago que presenta es importante y los recursos asignados son menos, aún si a septiembre de 2021 supera las 90 mil solicitudes de asilo.
Continúan las detenciones en condiciones de hacinamiento en las estaciones migratorias y se ha documentado cómo las personas no reciben enseres de higiene o son sometidas a pruebas contra la COVID-19 en esos espacios.
Aunque existe un Protocolo de Actuación para la prevención y atención de casos de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales se han registrado muertes por COVID-19 al interior de las estaciones migratorias, de acuerdo con las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.. Se sigue supeditando el acceso a la salud a un documento de identidad o de estancia migratoria regular en el país.

Acciones a favor de las mujeres migrantes

a) De la sociedad civil

Presentación de juicios de amparo con relación a la población migrante en detención y COVID-19, sin que a la fecha se hayan cumplido con las resoluciones.
Posicionamiento, exigencia y recabación de firmas para el cese de las detenciones por razones migratorias, la liberación de todas las personas detenidas en estaciones migratorias, estancias provisionales y la protección de personas en situación de calle.
Se logró una resolución histórica en la que un juez ordenó 11 medidas para proteger la vida y salud de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, que el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Ejecutivo federal no han cumplido..
Distribución de despensas e insumos sanitarios a la población migrante.
Incidencia para la no colusión del gobierno mexicano con el estadounidense en políticas migratorias de contención, y para la no detención y el acceso a la salud.
Atención y acompañamiento psicosocial y jurídico, presencial y en línea. .
Documentación de las violaciones de derechos humanos a personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
Vinculación con otras OSC situadas en diversas rutas migratorias.
Gestión de recursos y espacios de ayuda humanitaria.
Generación y difusión de materiales informativos con teléfonos de emergencias para la atención de la población migrante y de webinars y listening sessions.
Presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar los motines en las estaciones migratorias.
Elaboración de un Manual de Bienestar Psicológico en tiempos de Coronavirus.

Más información:

Instituto para las Mujeres en la Migración AC – https://imumi.org/

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano – http://caravanamigrante.ibero.mx/frontera-sur

Organizaciones que lo integran:

American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Acciones a favor de las mujeres embarazadas

a) De la sociedad civil

Presentación de juicios de amparo con relación a la población migrante en detención y COVID-19, sin que a la fecha se hayan cumplido con las resoluciones.
Posicionamiento, exigencia y recabación de firmas para el cese de las detenciones por razones migratorias, la liberación de todas las personas detenidas en estaciones migratorias, estancias provisionales y la protección de personas en situación de calle.
Se logró una resolución histórica en la que un juez ordenó 11 medidas para proteger la vida y salud de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, que el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Ejecutivo federal no han cumplido..
Distribución de despensas e insumos sanitarios a la población migrante.
Incidencia para la no colusión del gobierno mexicano con el estadounidense en políticas migratorias de contención, y para la no detención y el acceso a la salud.
Atención y acompañamiento psicosocial y jurídico, presencial y en línea. .
Documentación de las violaciones de derechos humanos a personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
Vinculación con otras OSC situadas en diversas rutas migratorias.
Gestión de recursos y espacios de ayuda humanitaria.
Generación y difusión de materiales informativos con teléfonos de emergencias para la atención de la población migrante y de webinars y listening sessions.
Presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar los motines en las estaciones migratorias.
Elaboración de un Manual de Bienestar Psicológico en tiempos de Coronavirus.

Más información:

Instituto para las Mujeres en la Migración AC – https://imumi.org/

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano – http://caravanamigrante.ibero.mx/frontera-sur

Organizaciones que lo integran:

American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Tras la pandemia se ha manifestado de maneras más violentas y perjudiciales el racismo y la xenofobia en nuestro país, dejando estragos para aquellas mujeres y niñas que viajan transitoriamente en busca de una mejor vida y nuevas oportunidades. Actualmente no hay un programa que asigne un presupuesto de egresos de la federación y son preocupantes los incidentes de violación a Derechos Humanos presentados con mayor frecuencia por parte de las autoridades.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Tras la pandemia se ha manifestado de maneras más violentas y perjudiciales el racismo y la xenofobia en nuestro país, dejando estragos para aquellas mujeres y niñas que viajan transitoriamente en busca de una mejor vida y nuevas oportunidades. Actualmente no hay un programa que asigne un presupuesto de egresos de la federación y son preocupantes los incidentes de violación a Derechos Humanos presentados con mayor frecuencia por parte de las autoridades.